¿Derecho al agua?

En los últimos días hemos sido testigos de la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua potable de nuestra metrópoli. Según mi parecer esta se explica por un conjunto de factores que es necesario analizar, para comprender la real dimensión del problema y poder abordar de manera consistente los desafíos que implica su solución.

El primer factor es la forma en cómo han crecido nuestras ciudades y en especial nuestra metrópoli que, en virtud de intereses privados, ha avanzado sin ninguna restricción sobre los suelos de la cuenca, súper explotando el recurso agua de la misma y terminando por sellar la mayor parte de ella con pavimentos y construcciones que impiden la normal infiltración de las aguas y generan como contrapartida las, cada vez más peligrosas y recurrentes, escorrentías urbanas que azotan nuestra ciudad cada cierto tiempo con todos los costos que ello implica en pérdida sistemática de patrimonio urbano y arquitectónico.

Este proceso ha impactado significativamente en la precordillera, la que hoy sufre una severa desertificación a raíz de la disminución de las napas subterráneas, lo que ha devenido en la casi desaparición de la capa vegetal y, con ello, de los árboles cuyas raíces antes afirmaban los suelos que hoy, ante la más mínima llovizna, ceden y se desploman con las consecuencias por todos conocidas.

Lo anterior se ha visto agravado por la inescrupulosa extracción de áridos en los cursos de aguas de la cuenca, que ha terminado por erosionar de manera irreversible los bordes de los cauces, haciendo cada vez más vulnerables los ecosistemas, sin que hasta hoy existan herramientas legales suficientes −desde los gobiernos locales− para impedir ni regular este tipo de actividades.

El segundo factor es la privatización de las empresas de servicios, privilegiando la iniciativa y la rentabilidad privada por sobre los derechos básicos de la ciudadanía, entre los que se destacan el derecho al agua como un bien cada vez más escaso y de primera necesidad.

Esto se traduce en que la empresa −como ya sabemos responde a intereses exclusivamente privados− no ha hecho las inversiones necesarias para prevenir lo sucedido y que, además, ha tenido la posibilidad cierta de comprar agua a Aguas Cordillera o a SMAPA para abastecer a sus clientes, no lo ha hecho porque, evidentemente, atenta contra sus utilidades.

Esta no está obligada por ley a hacer ni lo uno ni lo otro y puede optar por suspender el servicio y pagar una multa irrisoria a un Estado que ya no se hace responsable de casi nada de lo que sucede a sus ciudadanos.

El tercer factor es la falta de un marco normativo que obligue a incorporar el manejo de las cuencas y el desarrollo sustentable tanto en cualquier plan, programa o proyecto, de carácter público o privado, cuyo impacto ambiental y social resulte evidente. Así como en el desarrollo del instrumental técnico y normativo para desarrollar los procesos de ordenamiento, planificación e intervención territorial de nuestro país.

Cabe mencionar que los factores antes mencionados, que por cierto no son los únicos, poseen un tronco común que se hunde en el modelo de sociedad existente en nuestro país, en donde el ser humano y la naturaleza están al servicio de la economía y existen solo para favorecer la reproducción, la concentración y la acumulación de la riqueza en cada vez menos manos y no al revés, que es como debiera ser.

Resulta imprescindible, entonces, cambiar la mirada y el enfoque desde donde hemos venido abordando los nuevos problemas sociales y urbanos de nuestras ciudades y dejar de creer ciegamente en que la iniciativa privada es siempre más eficiente, eficaz y responsable que el Estado en la provisión de determinados derechos fundamentales.

 


http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20130213190052/derecho-al-agua/